Sin moratoria para cultivos transgénicos

Apertura, regulaciones y riesgos

El gobierno acaba de anunciar que seguirá abriendo las puertas a los cultivos transgénicos, y asegura que analizará rigurosamente cada solicitud, garantizando el menor riesgo posible. Sin embargo, un documento emanado del proceso de decisión afirma que en Uruguay no existe personal académico entrenado para tales fines.

El gobierno acaba de anunciar que seguirá abriendo las puertas a los cultivos transgénicos, y asegura que analizará rigurosamente cada solicitud, garantizando el menor riesgo posible. Sin embargo, un documento emanado del proceso de decisión afirma que en Uruguay no existe personal académico entrenado para tales fines.

Por Virginia Matos
Publicado en Brecha - www.brecha.com.uy

Después de un año y medio de moratoria, el lunes 21 de julio el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, confirmó la opción de Uruguay por una coexistencia regulada de transgénicos con otros sistemas de producción. Se termina así la suspensión de autorizaciones para nuevos cultivos genéticamente modificados (GM), establecida por el propio gobierno para diseñar políticas sobre biotecnología.

La transgénesis es una técnica revolucionaria de la ingeniería genética que permite aislar el gen de un organismo para introducirlo en otro. Lo novedoso es que habilita el intercambio de genes entre especies y reinos diferentes. Sus aplicaciones en la agricultura posibilitan introducir en una semilla genes de bacterias y virus para hacerla resistente a herbicidas, a plagas o a condiciones climáticas adversas.

Desde su irrupción masiva en la década de 1990, los cultivos gm han sido objeto de gran controversia mundial puesto que conllevan riesgos para el ambiente y la salud humana, entre otros cuestionamientos. Diversos estudios dan cuenta de efectos negativos sobre la salud –por lo cual muchos consumidores los rechazan, especialmente los europeos– y se han comprobado consecuencias no deseadas sobre la flora, la fauna y los suelos. Además, las promesas de las pocas multinacionales que los fabrican sobre mayores rendimientos, productividad y menor uso de agroquímicos se estarían desvaneciendo contrastadas por la realidad.

Estas empresas y los gobiernos que permiten cultivos gm argumentan que antes de ser liberados al ambiente son rigurosamente estudiados, que los riesgos para la salud son admisibles y los daños no están demostrados, y que los peligros para el ambiente son controlables si se aplican determinadas medidas en el manejo de los cultivos. La dificultad radica en el efectivo cumplimiento de esas medidas, pero sobre todo en que su aplicación no garantiza que no haya impactos negativos.

En Uruguay hay tres transgénicos autorizados en anteriores administraciones: la soja resistente al herbicida glifosato y los maíces Mon 810 y Bt 11, ambos resistentes a plagas. Técnicos contratados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)* revelaron que los maíces autorizados no son los adecuados para nuestra matriz de plagas –algo que ya había sido advertido por la Facultad de Agronomía–, y que “el análisis de riesgos no ha sido conducido correctamente en ninguno de los procesos de aprobación de maíz transgénico” (véase Brecha 2-XI-07). También mencionan los importantes daños que está provocando la soja transgénica en los ecosistemas uruguayos, ante lo cual el gobierno ha impuesto determinadas condiciones a quienes la cultiven. La soja fue autorizada en 1996 sin que mediara análisis de riesgo.

Consultado acerca de los motivos por los cuales Uruguay optó por la coexistencia en lugar de inclinarse por el no uso de transgénicos, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Enzo Benech, dijo a Brecha que “es una definición política que se tomó habiendo analizado la legislación del mundo y las conveniencias de Uruguay. Plantearnos un escenario libre de transgénicos parece medio utópico. Estamos en un mundo globalizado, la biotecnología es una realidad. En Uruguay ya estamos en un marco de coexistencia puesto que el 100 por ciento de la soja uruguaya es transgénica y más del 50 por ciento del maíz también, por lo tanto se eligió un camino que le da garantías a todos los usuarios a través de una coexistencia regulada. La posición del gobierno no es a favor ni en contra de los transgénicos;; no hay posiciones genéricas que sirvan para todo sino que hay que estudiar caso a caso (las solicitudes de nuevos transgénicos). La idea no es que ingrese todo sino lo que le sirve al país”.
En cuanto a los riesgos, el funcionario indicó que “cualquier cosa tiene riesgo, cuando uno sale a la calle hay probabilidad de que lo pise un auto. Acá es lo mismo. Entonces se asumen niveles de riesgo y se fijan parámetros que si se cumplen tomando en cuenta los aspectos de la salud, del ambiente y del comercio del país, se puede aprobar un transgénico nuevo sin crear problemas para la población”. Sin embargo, según un documento elaborado por un grupo de trabajo sobre el ambiente que funcionó en el marco del Comité Nacional de Bioseguridad –una instancia de discusión convocada por el gobierno que trabajó durante 2006–, “no existe personal académico entrenado en evaluación de riesgos”.** El ministro Agazzi dijo a Brecha que “sí hay personal capacitado y vamos a capacitarlos más. Si todo estuviera pronto sería una papa”.

Para el secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes), Eduardo Gudynas, “este es un aspecto clave. Diversos estudios indican que la debilidad en las capacidades nacionales de evaluación de riesgo hace que muchas veces se dependa de los estudios realizados en otros países, bajo condiciones agroproductivas y ambientales distintas. La presión de las empresas es sustantiva y no todos los técnicos son independientes, ya que algunos pueden haber trabajado en investigaciones financiadas por el sector privado. El antídoto para estos problemas sería que los productores y las ong participaran en el diseño del análisis de riesgo y que éste fuera transparente”.

COEXISTENCIA CUESTIONADA. El concepto de coexistencia implica la convivencia armónica de sistemas de producción orgánica, de agricultura convencional y con organismos genéticamente modificados (ogm) sin afectarse significativamente unos a otros gracias a medidas específicas de gestión. Según los citados técnicos contratados por la Dinama, la posibilidad de coexistencia “ha sido puesta en tela de juicio en los últimos años por parte de la comunidad científica, con miradas ciertamente críticas”.

La decisión del gobierno uruguayo se produce meses después de que varios países europeos prohibieran el maíz Mon 810 debido a que la coexistencia no fue posible. Alemania, Hungría, Austria, Rumania, Italia, Grecia y Polonia siguieron los pasos de Francia, que prohibió el cultivo en enero último. El comité científico francés que opera en la materia aseguró que “hay datos que no se conocían en 1998 (cuando el maíz fue autorizado) que demuestran que la dispersión del polen alcanza distancias quilométricas. Es imposible garantizar que no se produce polinización cruzada, que una planta transgénica polinice una tradicional. Esto puede arruinar a los agricultores ecológicos, a los que se les exigen productos libres de transgénicos”.

El estudio del gobierno francés también concluye que “hay posibles efectos tóxicos adversos a largo plazo sobre las lombrices, los isópodos, los nematodos y las mariposas monarca. (…) y que faltan estudios sobre la toxicidad a largo plazo sobre el hombre y la persistencia de la toxina (contenida en el maíz) en el ambiente”.***
Gudynas estima que “es impactante que un sector que se presenta como lo más avanzado desde el punto de vista científico y tecnológicamente de punta, no sólo no ha podido evitar la contaminación entre variedades convencionales y transgénicas, sino que la propia definición de orgánico ahora tiene que aceptar pequeños niveles de contaminación”.

Sobre el particular, Agazzi admite que “es cierto que los transgénicos no son estables, hay que estarlos monitoreando permanentemente. Las trasnacionales dicen libremente que no tienen efectos negativos sobre la salud humana pero algunos los tienen a largo plazo. El gobierno va a analizar cada solicitud con la información disponible que habrá que verificar”.

El ministro destacó que la nueva estructura institucional creada para actuar en el tema tiene “mucho peso de lo académico. La ampliación de la base de opinión e información técnica es lo que nos va a permitir tomar decisiones con menos riesgo, porque seguridad cero no existe”. Cabe recordar que en 2003 el Frente Amplio interpeló al ministro de Ganadería de la época, Martín Aguirrezabala, por la aprobación del Mon 810.

Agazzi aclaró que “nuestro gobierno resolvió no autorizar el Mon 810 para producción hortícola (choclo) sino sólo para alimentación animal”. La medida se tomó “porque se trata de productores familiares con pequeñas superficies donde las estrategias de defensa contra la dispersión del polen no son posibles”. Indicó además que por motivos comerciales no se permitirán transgénicos en el arroz. En 2006 la Unión Europea detectó un transgénico que todavía no estaba aprobado en Estados Unidos en partidas de arroces de ese país, por lo que bloqueó el ingreso de arroz estadounidense permitiéndole a Uruguay recuperar ese mercado perdido.

LA NUEVA REGULACIÓN. El flamante marco regulatorio (decreto 353/008) elimina la Comisión de Evaluación de Riesgo de los Vegetales Genéticamente Modificados (CERV), órgano que hasta ahora evaluaba las solicitudes, y crea una nueva estructura compuesta por un Gabinete Nacional de Bioseguridad integrado por los ministros de Ganadería, Economía, Salud, Vivienda y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores e Industria que tendrá el cometido de autorizar las nuevas solicitudes. Este gabinete será asesorado por una comisión técnica integrada por un delegado de cada una de las carteras mencionadas. La comisión deberá elaborar en el plazo de un año el proyecto de ley nacional de bioseguridad de ogm. Una instancia técnico científica evaluará los riesgos de los transgénicos que se solicite introducir al país y un comité consultivo asesor, de carácter no vinculante, colaborará con la construcción y el seguimiento de las políticas en bioseguridad. Para su integración se invitará a la Universidad de la República, al sector privado y a la sociedad civil.

Se prevén dos formas de “participación”: una por la cual cada solicitud será divulgada mediante canales de información pública, y otra de consulta pública no vinculante que se concretará, tal cual estaba establecido hasta ahora, a través de la puesta de manifiesto de las solicitudes y la convocatoria a audiencias públicas.
Gudynas critica con dureza el nuevo marco legal y considera “preocupante que después de dos largos procesos de revisión de la situación en el país, consultorías internacionales, y grandes comisiones que han operado en el tema, se presente este decreto que deja muchos elementos clave sin resolver, diciéndose que las nuevas comisiones que se crean generarán nuevos reglamentos de funcionamiento. Hay una transferencia de la toma de decisiones hacia el Poder Ejecutivo, y las reglas de procedimiento no están determinadas. Por lo tanto hay mucho voluntarismo en el decreto. El texto tampoco dice nada sobre cómo se protegerán las semillas convencionales ni la producción agroecológica. Ese sigue siendo un enorme capítulo faltante”. Pero “lo más impactante es la ausencia de representantes de los productores rurales en los organismos clave de la nueva estructura”, agrega.
La norma establece el etiquetado voluntario de los productos transgénicos o de productos que los contengan. Cabe recordar que en legislaturas anteriores el Frente Amplio presentó dos proyectos de ley para etiquetar transgénicos en forma obligatoria, tal como se exige en Europa. Benech reconoció a Brecha que “el consumidor tiene derecho a saber lo que consume, pero como cuando un transgénico es aprobado se asume que no tiene riesgos para la población, no hay necesidad de etiquetarlo. Si por cuestiones de diferenciación en el mercado alguien quiere etiquetar, puede hacerlo por la positiva o por la negativa. Si ponemos etiquetado obligatorio, tenemos que tener capacidad de controlar eso e identificar los transgénicos que no están aprobados aquí. No queremos establecer una norma que después vayamos a violar”. Además de los transgénicos criollos, en Uruguay se comercializan infinidad de productos procesados importados que contienen transgénicos.

Gudynas concluye que una coexistencia bajo este mecanismo termina favoreciendo a las empresas y perjudicando a los productores orgánicos, que a diferencia de lo que ocurre en Brasil y Argentina, por ejemplo, reciben apoyo gubernamental, lo cual tiene excelentes resultados comerciales. “En Uruguay el apoyo a ese sector es muy limitado y se carece de una norma nacional que apoye la certificación de los productos orgánicos o naturales. Es sorprendente ese hecho, ya que el país mantiene corrientes exportadoras importantes en productos orgánicos (carne vacuna pastoril u orgánica) o convencionales (arroz)”.

* “Maíz Bt en Uruguay: elementos para una Evaluación de Riesgos Ambientales”, julio de 2006;; “Soja transgénica en el Uruguay. Caracterización del cultivo y elementos para una Evaluación de Riesgos Ambientales”;; Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad, dinama-pnuma-gef, Fernanda Pardo y Gonzalo Martínez, setiembre de 2006.

** “Documento de trabajo sobre aspectos ambientales”. Proyecto para el Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad, dinama-pnuma-gef, 8 de marzo de 2007.

*** “Francia veta el transgénico más común en España”, El Pais (versiòn digital, consultado el 13-I-08.

____________________________________________________

Más y mejores alimentos*

En los últimos años un sector importante de las organizaciones “ecologistas” o “verdes” ha incentivado, muchas veces sin un sólido basamento científico sino más bien con un sentido político, el temor a los efectos que la modificación por parte del hombre de los genomas de otras especies y la liberación al campo de las mismas podían tener sobre los equilibrios ecológicos y la salud humana.

Los impactos negativos temidos que se mencionan más frecuentemente son: la trasmisión de genes de resistencia a herbicidas a especies silvestres, el efecto de bioinsecticidas sobre especies no dañinas, el posible efecto tóxico o alergénico del producto de genes transferidos, posibles alteraciones sobre las presiones evolutivas y la biodiversidad, el potencial control abusivo de las multinacionales sobre los mercados.
Sin embargo estas inquietudes, válidas tanto para el ciudadano común como para los científicos, han sido usadas en forma inapropiada e injusta, llamando “alimentos veneno” o “Frankenfood” a todos aquellos alimentos que contienen productos provenientes de organismos genéticamente modificados (ogm), aun habiendo pasado todos los rigurosos controles sanitarios estatales.

Frente a esta ofensiva, que en muchos países ha alcanzado un llamativo oscurantismo y un nivel de violencia casi “fundamentalista”, las grandes comunidades científicas de países con un alto nivel de desarrollo han reaccionado y salido a respaldar las investigaciones en este campo y el enorme valor de las técnicas de transgénesis como herramientas para mejorar la calidad y cantidad de la alimentación de una población mundial en creciente expansión, así como sus aplicaciones en la biomedicina, ayudando a prolongar y mejorar la calidad de la vida humana. En este sentido se han pronunciado en forma contundente las academias de ciencias de países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, India, Brasil y México, quienes remarcaron que los cultivos de especies transgénicas, una vez que pasan los controles establecidos, no presentan riesgos para la salud y el ambiente.

La Unión Europea ha llegado a instalar la obligatoriedad de etiquetar aquellos alimentos que tengan más de un 1 por ciento de su contenido proveniente de ogm, pero sin embargo ha legislado respecto a que no se puede prohibir el uso de esos cultivos a menos que se demuestre que son dañinos. En Estados Unidos en cambio, que es el mayor productor mundial de ogm, no sólo no se etiquetan los productos sino que se estima que ya más del 60 por ciento de los alimentos contienen algún componente transgénico.

Es claro que no se puede detener la generación del conocimiento, del avance científico y de sus aplicaciones;; las biotecnologías se han constituido en uno de los aportes más significativos de la ciencia del último cuarto del siglo XX por su enorme repercusión sobre la alimentación y la biomedicina. Lo importante es que cada país cuente con mecanismos eficientes y rigurosos de evaluación y control de nuevos productos alimenticios y farmacológicos, ya sean provenientes de los métodos tradicionales o de la ingeniería genética.

* Extractos del trabajo “Los transgénicos. Cuáles son los miedos y cuáles las expectativas sobre los alimentos provenientes de organismos genéticamente modificados”, de Rodolfo Wettstein (en www.iibce.edu.uy, 13-VII-05). Wettstein es investigador grado 5, jefe de la División Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.