Palmitas tose

Sólo una empresa será multada por violar las normas al fumigar soja transgénica

Natalia Uval - La Diaria - 13 de junio de 2006

A la entrada del pueblo de Palmitas, en Soriano, sólo una calle angosta separa las plantaciones de soja transgénica de las viviendas de sus habitantes. Si se recorren cinco cuadras más y se llega al final de la zona poblada, la distancia entre las casas y el sembradío se reduce a cuatro metros. Con unos 1.800 habitantes, la localidad está en el corazón de la zona sojera: Soriano, que concentra el 44,1% de la superficie sembrada del país, según el Anuario Estadístico Agropecuario 2005 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP). La soja comenzó a plantarse en Palmitas en 2002, y muchos de los campos sembrados pertenecen a ciudadanos argentinos, según vecinos de la zona.

La soja se fumiga con plaguicidas altamente tóxicos. Según la reglamentación vigente, la distancia entre una zona poblada y la plantación nunca debe ser menor a 300 metros en el caso de la fumigación terrestre (como en Palmitas), o de 500 metros para fumigación aérea.

El pueblo sufrió y sigue sufriendo los efectos de la infracción a esa normativa. "Los plaguicidas matan los frutales, llenan de veneno la ropa que está tendida en las cuerdas", contó a la diaria un vecino del lugar que estuvo durante un tiempo encargado de la fumigación y que ahora se dedica a denunciar sus efectos. Cuando fumigan se concentra un olor "insoportable". Si hay viento, el veneno se dispersa a 300 ó 400 metros a la redonda. Cuando el tiempo está calmo es peor, porque se concentra en una nube que permanece en el lugar, manifestó un vecino de la zona, encargado de la fumigación.

Se ve y se presume

Los plaguicidas tienen consecuencias sobre la salud humana, algunas de ellas leves y fácilmente comprobables. "Los días de fumigación hay ataques de alergia, la gente tiene los ojos enrojecidos, le vienen ataques de asma. Hay mucha gente con asma acá, con problemas respiratorios", expresó una vecina que vive frente a la plantación.

Los efectos más graves son difíciles de comprobar, antes que nada por falta de datos oficiales. "Aquí no tenemos registro. Sólo se llevan algunas historias clínicas de las personas afiliadas a mutualistas, pero de Salud Pública nada. No tenemos gente para hacer esa tarea, sólo un funcionario", relató a la diaria María, que cumple funciones administrativas en la policlínica de Palmitas.

El jefe de Higiene de la Intendencia de Soriano, Ovidio Olivera, dijo el viernes ante la Junta Departamental que a nivel médico existe la presunción de que el uso indebido de plaguicidas ha causado un aumento de los casos de cáncer. El 80% de las muertes en el pueblo se deben a esa enfermedad, afirman los vecinos.

Sin embargo, el médico Walter Martínez, que trabaja desde hace diez años en la policlínica local pero no vive en Palmitas, niega terminantemente que los plaguicidas hayan tenido ese efecto. "No ha habido un ingreso importante de gente por intoxicación desde que se comenzó a plantar soja.

Sólo casos puntuales, de personas que trabajaron en galpones", aseguró a la diaria. "Tampoco eso que se dice, que ha aumentado el cáncer. No hay nada científicamente comprobado", agregó.

Los vecinos mencionan especialmente el caso de una persona con síndrome de Down, de unos 60 años. "A él siempre lo cuidaba su hermana. Ese día ella fue a trabajar y él salió de la casa y se paró frente a la plantación a mirar. Estuvo toda la tarde. Ese día estaban fumigando. A la noche empezó con todos los síntomas de una intoxicación y falleció en el hospital de Mercedes", relató una vecina.

Las irregularidades

En octubre de 2005, los habi­tantes de Palmitas presentaron una carta firmada por 51 perso­nas a la Junta Departamental de Soriano, expresando preocupación por los efectos de los agrotóxicos en su salud y por la escasa distancia a la que se estaba fumigando. El MGAP recibió en enero y febrero cuatro denuncias de habitantes de Palmitas por fumigaciones realizadas sin respetar las distancias exigidas.

El organismo encargado de constatar si se producen infracciones en el sector agropecuario es la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA). "Una vez que se recibe la denuncia, la Dirección tiene 48 horas para hacerse presente en el lugar y realizar la inspección correspondiente", explicó a la diaria Hugo Ferrazzini, de la División Análisis y Diagnóstico de la DGSA. Si se comprueba una infracción, sancionarla corresponde a la División Servicios Jurídicos del MGAP.

En tres de las cuatro inspecciones realizadas en Palmitas (el 24 el 27 de enero y el 10 de febrero) se comprobó que las denuncias eran ciertas. Pasaron a Jurídica y allí siguen el trámite correspondiente, que culminará en breve, aseguraron a la diaria fuentes de la División.

Un pedido de informes al MGAP realizado por el diputa­do blanco Gustavo Novales el 2 de marzo, que recién recibió res­puesta el 5 de junio, hizo saber que la empresa Agroveterinaria El Tala SCA fumigó desconocien­do un apercibimiento previo del Ministerio (una infracción "medianamente grave" según la DGSA) y será multada por un monto que puede ir de 10 a 2.000 unidades reajustables.

Gustavo Kent, propietario de la empresa del mismo nombre, y Marcos Irigaray recibirán una sanción de "apercibimiento", es decir, se les ordenará que no cometan nuevamente la infracción, que se calificó de "leve" porque no tienen antecedentes.

¿Terminó ahí?

El 10 de marzo, la empresa Gustavo Kent fumigó nuevamente, la diaria intentó contactarse con su propietario sin éxito.

Algunos piensan que el pro­blema es de "ignorancia", pero un ex fumigador opinó que "se utilizan plaguicidas de alta toxicidad sólo porque son más accesibles económicamente". "A veces no se respeta la dosis y se echa casi el doble de lo que tendría que echarse", afirmó. "Ahora pararon de fumigar porque la soja perdió la hoja y no precisa. Pero en cuanto se precise van a volver a hacerlo", aseguró una vecina.

También se cuestiona la falta de controles por parte del Estado.
En una exposición realizada ante la Junta Departamental de Soriano el viernes, María Cárcamo y Flavio Pazos, de la Red de Acción en Plaguicidas para América Latina (Rapal), sostuvieron que la diversificación de controles en relación con los agrotóxicos (son competentes el MGAP, el Ministerio de Salud Pública MSP y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) hace que se diluyan las responsabilidades. Además, se mencionó el caso de empresas que compran los ingredientes y elaboran la mezcla que resulta en los plaguicidas, sin que nadie controle que la fórmula sea la correcta.

Novales señaló que los controles son muy difíciles de realizar, porque numerosas empresas de fumigación terrestre ni siquiera se registran en el MGAP.

En Palmitas, la diaria tuvo la posibilidad de constatar que la población utiliza los envases de agrotóxicos como bebederos para el ganado, o para almacenar agua o leche. Rapal advierte que aunque los recipientes se laven, siguen contaminando.

El MGAP y el MSP visitaron Palmitas y dialogaron con la población acerca del uso correcto de los plaguicidas. La DGSA instrumenta desde junio cursos en la materia para empresas y fumigadores. Pero, según la mayoría de los actores involucrados, es urgente legislar y reforzar los controles (y tal vez las sanciones).