Marcha atrás

Montevideo suprime etiquetado obligatorio de OGM en alimentos

Uruguay no se caracteriza precisamente por haber instaurado controles sobre la importación, cultivo y consumo de organismos genéticamente modificados. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, la alcaldía de la capital había dispuesto el año pasado la obligatoriedad del etiquetado de productos con soja o maíz genéticamente modificados. Era un avance. Esa medida acaba de ser derogada.

Entre gallos y medias noches y sin decir agua va, el equipo que comenzó a gestionar la Intendencia de Montevideo en julio último, que responde al mismo partido político que la gestiona desde 1990 y que gobierna a nivel nacional desde 2005, el Frente Amplio, barrió con un decreto de 2014 que obligaba a las empresas de alimentos a informar a los consumidores que tal o tal producto que comercializa contiene OGM.

La disposición había sido tomada a fines de 2014 por los ediles de todos los grupos políticos representados en la Junta Departamental -el poder legislativo de la ciudad- tras consulta con un par de ministerios (Salud, Medio Ambiente).

Siendo Uruguay un país hipercentralizado, se pensaba que la medida sería emulada por las otras 18 intendencias departamentales del país o al menos por muchas de ellas, y acabaría adquiriendo alcance nacional.

Esa era al menos la esperanza de asociaciones ambientalistas y de grupos de científicos que habían estado presionando para que el “etiquetado transgénico” fuera una realidad. Y así lo había dicho a La Rel, en setiembre, el entonces director de Salud de la comuna de Montevideo, Pablo Anzalone.

Durante dos años esos grupos y asociaciones habían estado trabajando en el tema junto a la División Salud de la Intendencia de Montevideo, que a su vez había coordinado con dos laboratorios, el de Bromatología de la propia comuna y el de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Universidad de la República, cómo instaurar el sistema y cómo llevar a cabo los análisis que permitieran la detección de OGM en alimentos.

Resultado: Uruguay empezó 2015 formando parte del club de 65 países que obligan a las empresas a inscribir una gran T negra sobre un triángulo amarillo cuando alguno de sus productos tiene OGM.

No era totalmente cierto, pues la disposición se limitaba al espacio de la capital, que concentra la mitad de la población total (en el resto rige desde 2008 una disposición de etiquetado voluntario muy poco aplicada) pero sí suficiente como para que el país formara parte de esa lista.

Duró apenas un semestre. Se sabe que hubo presiones de las compañías productoras de alimentos transgénicos para que la medida fuera anulada, que hubo reuniones de sus representantes con autoridades del gobierno nacional en las que el tema estuvo sobre el tapete.

Desde fines de julio último, según reveló en su edición del 7 de agosto el semanario Brecha, los análisis para detectar OGM en productos vegetales y animales comercializados en Montevideo dejaron de realizarse y el etiquetado obligatorio fue lisa y llanamente “suspendido por tiempo indefinido”.

No hubo explicaciones de las razones de fondo de la medida, más allá de la voluntad expresada por el nuevo gobierno departamental de “adecuar su legislación a la del conjunto del país”, como, para bien o para mal, prácticamente nunca sucede.

La razón es demasiado banal como para ser cierta.

Las autoridades municipales dicen que no hay retroceso alguno en cuanto a asegurar el derecho de la población a estar informada sobre lo que consume.

La disposición es “provisoria”, alegan, pero lo provisorio en este caso bien puede ser permanente. La Intendencia de Montevideo se propone, por ejemplo, rever el tema con el Ministerio de Agricultura y con sus pares del interior del país.

Si hay un Ministerio “sensible” en Uruguay a las presiones de las empresas biotecnológicas es precisamente el de Agricultura, y en muchas de las intendencias del interior, fundamentalmente aquellas que han sido inundadas de cultivos de soja o maíz transgénicos, esas compañías a menudo hacen y deshacen a su gusto.
El derecho a estar informado
Y comer sin saber

“Es un grave retroceso”, comentó el biólogo Claudio Martínez Debat, director del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria y docente en la sección bioquímica del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias.

Martínez Debat había estado entre los más activos defensores del etiquetado, luchando incluso a brazo partido contra algunos de sus colegas científicos opuestos a abrir cualquier debate sobre la producción y el consumo de OGM en el país.

“Los OGM forman parte de un modelo que se aplica mejor si no hay discusión”, explicó meses atrás. “No hablan de él los medios de comunicación, ni las instancias de regulación ni la comunidad científica.

Y no está en la agenda de ningún gran partido a pesar de ser un asunto de primera importancia que tiene que ver con algo tan esencial como los alimentos que consumimos”.

“El etiquetado es muy necesario, dijo por estos días Martínez Debat. Se puede discutir si la transgénesis es mala o buena –yo opino que es mala- pero lo que es indiscutible es que los OGM son rociados con agrotóxicos, que en los granos de esos alimentos quedan remanentes de esos agrotóxicos y que esos agrotóxicos son malísimos”.

Lo mismo opinan una quincena de organizaciones sociales.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados ni permitiremos que nos pechen”, dijo por ejemplo Laura Rossano, coordinadora nacional del movimiento Slow Food.

Las asociaciones proyectan recurrir la decisión de la comuna ante la Defensoría del Vecino y promoverán otra vez un proyecto de ley de etiquetado nacional obligatorio de los OGM, enterrado en 2013.

Mientras tanto, los OGM volverán a ser invisibles para los consumidores montevideanos. Y no son precisamente pocos: tres cuartas partes de los alimentos presentes en las góndolas de los supermercados tendrían componentes transgénicos, pero quienes los compren no lo sabrán.

Rel-UITA

17 de agosto de 2015

Daniel Gatti