Rodeados

13 de setiembre 2010

Vecinos y pequeños productores de La Palmita, Canelones, en lucha desigual contra la plantación de soja transgénica y sus impactos.

La Palmita: zona rural del departamento de Canelones, sobre el cruce de las rutas 8 y 11. Unos cuatrocientos metros hacia el sur, como desfasado en el tiempo respecto a la velocidad de las dos arterias, se encuentra el cruce de las viejas rutas 8 y 11. Allí transcurre otro ritmo, en medio de la vegetación floreciente con la llegada de la primavera; los principales actores ya no son los cientos de vehículos en línea sino la naturaleza en todo su esplendor. En ese cruce se encuentra la escuela rural Nº 128, único centro social del paraje, lugar donde los vecinos se convocaron para intentar impedir ser rodeados por cultivos transgénicos.

Arribamos al lugar guiados por Sergio Viera, productor orgánico de la zona. El viernes se realizaba la segunda reunión por la temática, a la que asistieron unas veinte personas, en calidad de vecinos y productores.

La Palmita se sitúa a siete kilómetros de Atlántida, principal balneario del departamento de Canelones. Se caracteriza por la producción hortícola, ganadera, apícola, vitícola y frutícola. En los últimos años se han instalado establecimientos de cabras, alpacas, así como plantaciones de arándanos; también han proliferado las casas de campo de alemanes, norteamericanos, chilenos, bolivianos y rumanos, dijeron a la diaria vecinos del lugar.

El paraje cuenta, desde hace un par de años, con un cultivo de soja transgénica que abarca un predio de 500 hectáreas que pertenecía a un tambo. A su vez, los vecinos están en conocimiento de la venta de predios grandes para agronegocios.

María, vecina de la plantación de soja, dio su testimonio de un episodio de intoxicación ocurrido el año pasado, luego de la aplicación de un pesticida realizada con mosquito (máquina fumigadora que tiene dos largos brazos por donde se dispersa el producto). Pocas horas después de la aplicación, su hija tuvo vómitos y diarrea, y síntomas similares presentaron un gato y tres perros del lugar, uno de los cuales murió. Ella y otra vecina relataron a la diaria que ese día había mucho viento, lo que es condición para no fumigar (la legislación establece que el viento debe ser inferior a ocho kilómetros por hora). En esa oportunidad, realizaron la denuncia policial pero no lo hicieron ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuyo mecanismo es que el afectado acuda personalmente a retirar, llenar y entregar un formulario de la oficina más próxima.

En la reunión, los vecinos expresaron la sensación de “indefensión” ante los cambios del entorno. Se preguntaron cómo afectan a la salud las altas cargas de químicos que requieren los cultivos transgénicos, los perjuicios de contaminación de aguas, y el desgaste del suelo. Cuestionaron el cambio cultural que implica este modelo de producción, que desplaza a la agricultura familiar y orgánica, así como el impacto social, mencionaron el caso de despidos de familias que trabajaban en un tambo, y que los grandes emprendimientos de agronegocios contratan menos mano de obra que los tradicionales; también el encarecimiento de la tierra y la imposibilidad de competir con las ofertas económicas de los agronegocios.

Discutían allí los medios para llegar al resto de los vecinos. Volantes, afiches, pancartas, correr la voz, todo realizado a pulmón, con el esfuerzo de los presentes, con los propios recursos y agendando la próxima reunión para las 19.00, para que no se superpusiera con la tarea del campo.
Al observarlos, era imposible no pensar en la desproporción de fuerzas entre quienes están a favor y en contra de la extensión de cultivos transgénicos. Alguien comentaba, contrastando las posibilidades: “Ellos levantan un celular, agarran la cuatro por cuatro y están reunidos”. Además de informarse sobre las plantaciones transgénicas y compartir experiencias, la convocatoria tenía por finalidad apoyar una resolución que surgió del municipio de Atlántida hace diez días y que esta semana será presentada al intendente de Canelones, Marcos Carámbula.

En el texto aprobado, la alcaldía declara su rechazo a los cultivos transgénicos, “al monocultivo intensivo, a la utilización de herbicidas y pesticidas propios del método de producción”. Hace pública “su preocupación ante la contaminación de reservorios de agua, especialmente la Laguna del Cisne, proveedora de agua potable a los habitantes de este municipio”. E insta al gobierno departamental a que elabore “una normativa específica aplicable a todo el departamento de Canelones, que impida la siembra, producción, transformación y comercialización de productos agrícolas modificados genéticamente”.

Incompatibilidades

La resolución del municipio de Atlántida se suma a otra sugerencia realizada al intendente, surgida de la “Comisión Especial para el estudio del uso del suelo rural en el departamento”, creada por Carámbula en octubre de 2008 (ver recuadro “Agricultura familiar”).

El 29 de junio de 2010 la comisión aprobó un texto en el que recomendó al intendente que adoptara la medida cautelar (mecanismo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial) de impedir la siembra de cultivos transgénicos en el suelo rural del departamento, en el área comprendida al sur de la ruta 11, por un lapso de ocho meses a partir de la resolución. Durante ese período, debería hacerse un relevamiento de indicadores para contemplar las características de la zona, la producción, la densidad poblacional, y establecer lineamientos para el uso del suelo y tecnologías de producción a utilizar, contemplando la defensa de los recursos naturales. Para eso debería formarse un equipo de trabajo que hiciera una evaluación técnica y objetiva; luego de los ocho meses, se resolvería si debía mantenerse, ampliarse o reducirse la zona comprendida por la medida cautelar.

Un mes y medio después, el 19 de agosto, el intendente emitió una resolución explicando “que se han presentado a este despacho organizaciones representativas de agricultores familiares como la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC), la Asociación de Productores de Leche de San Ramón y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y su Centro Regional, planteando no haber participado en las instancias de discusión del tema y su interés respecto a tener espacio para manifestar su posición respecto a la recomendación formulada, ya que los involucra en forma directa y afecta sus posibilidades productivas” y que consideraba conveniente ampliar el debate. Para esto, pidió a la comisión que recibiera los aportes de esas instituciones y encomendó a la Dirección General de Desarrollo Productivo de la intendencia que solicite apoyo técnico para el trabajo de la comisión a la Universidad de la República, al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), al MGAP y a la Comisión de Riesgo en Bioseguridad. Salvo esta última, las otras cuatro instituciones están representadas en la comisión que aprobó el texto.

Desde entonces, la comisión no ha vuelto a reunirse. El 29 de junio se fijó que la siguente reunión sería el lunes 30 de agosto, pero hasta el momento no ha sido convocada. Lo que ya se sabe es que la medida cautelar no correrá para la zafra de cultivos 2010-2011, porque tanto la soja como el maíz transgénico son cultivos de verano, cuya siembra puede hacerse desde el corriente mes.

Respecto a esa dilatoria, Daniel Ponce de León, representante de la Coordinadora de Organizaciones del Santoral y Noreste de Canelones, dijo a la diaria: “No sabemos qué están esperando para citarla, si es que se plante la soja o qué”.

Aparentemente los productores de leche hicieron su pedido alegando que ellos plantan maíz transgénico. Ponce afirmó que las gremiales estaban en conocimiento de lo que venía trabajando la comisión, y que “no es que la salvación de un tambo sea plantar un maíz transgénico contra un maíz común”, y agregó que “a partir de arrendamientos de grandes plantaciones de soja a nivel nacional, la lechería tiene 120.000 hectáreas menos de lechería. En distintas zonas del departamento de Canelones han hecho arrendamientos de cientos de hectáreas: ¿cómo puede pelear un productor familiar contra eso?”.

La comisión también ha insistido en que además de las plantaciones transgénicas se regulen las forestales. Ponce de León señaló que en el noreste de Canelones la forestación a gran escala ha hecho que en la zona de Migues los productores hayan tenido que “abandonar los campos, porque se han secado cañadas, porque están acorralados por forestaciones. El tema a discutir es en dónde se hacen las distintas producciones. No estamos diciendo ‘hay que prohibir’, estamos hablando de ordenar los usos del suelo. Hay quienes dicen ‘en mi campo tengo derecho a plantar lo que quiera’, pero no es así, yo no puedo hacer un edificio de 40 pisos en la rambla de Montevideo por más que tenga un terreno, porque la sociedad regula las distintas actividades”. Ejemplificó explicando que la cooperativa Molino Santa Rosa está comercializando harina de maíz no transgénica, y que así la promociona, pero que “si le plantan un maíz transgénico al lado, se poliniza y ese producto se ve perjudicado, así como el de alguien que quiere plantar orgánicamente”. Retomando el concepto de debilidad de fuerzas de los diferentes actores, en la reunión del viernes en La Palmita se señaló la inmediatez con que estas gremiales consiguieron la entrevista con el intendente, por una vía que no es la formal, que exige presentar una nota en mesa de entrada y esperar. Tal es el caso de los vecinos de Cuchilla de Rocha, que desde julio de 2008 solicitan una entrevista y no se les ha concedido. Se retomó el viejo dicho de que cuando no se desea que un tema se discuta, se forme una comisión.

Agricultura familiar

La Comisión Especial para el estudio del uso del suelo rural en el departamento fue creada en el marco de la ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que da potestades a los gobiernos departamentales para la categorización y uso de los suelos. La resolución departamental que dio origen a la comisión tuvo en cuenta la importancia de la agricultura familiar en Canelones, donde la mayoría de las producciones se realizan en campos pequeños, abarcando los rubros hortícola, frutícola, vitivinicultura, avicultura, apicultura, lechería, producción de cerdos y ganadería intensiva, entre otros, que son destinadas al consumo alimenticio de uruguayos, turistas y de exportación. Canelones es el departamento que tiene mayor número de habitantes en la zona rural.

La resolución considera que “en los últimos años se ha observado el avance de emprendimientos agrícolas extensivos que realizan actividades vinculadas a oportunidades coyunturales de mercados, utilizando con frecuencia tecnologías agresivas para la población y el ambiente, y compitiendo por el suelo con las producciones instaladas”, y resolvió “fomentar políticas tendientes a preservar las características de Canelones en su modo de vida y trabajo familiar, su producción, su valor y su cultura, conservando el suelo como recurso estratégico del desarrollo, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria nacional, protegiendo la salud humana y el ambiente”. La comisión está integrada por los directores de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental; participan también ediles departamentales, el director nacional de Ordenamiento Territorial, el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un representante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, productores y vecinos, Coordinadora de Organizaciones del Santaoral y Noreste de Canelones, y vecinos de Cuchilla de Rocha (próximo a Sauce), quienes se movilizaron en 2008 ante la plantación de 350 hectáreas de soja transgénica en ese paraje. El cometido es asesorar al intendente.

Efectos a la vista

El jueves la Red de Agroecología del Uruguay sesionó en San Jacinto, Canelones, y respaldó lo aprobado por la comisión especial para el estudio del uso del suelo rural en el departamento de Canelones y la resolución del municipio de Atlántida.

Afirmó que los impactos y consecuencias de la liberación de transgénicos (soja RR en 1996 y maíces Mon 810 y Bt 11 en 2006) ya se hacen visibles y enumera: erosión de suelos, contaminación de aguas, gran aumento de aplicaciones de agrotóxicos; aumento y aceleración de la concentración y extranjerización de la tierra; expulsión de agricultores familiares, desplazamiento de rubros productivos claves; crecientes casos de intoxicaciones de agricultores, asalariados y vecinos de la campaña, así como mortandades reiteradas de flora y fauna cercanas a los monocultivos.

Afirma, basada en documentos oficiales, que no se ha ponderado correctamente los impactos de los cultivos transgénicos, así como de los alimentos genéticamente modificados. También cita estudios internacionales en los que se demuestra el carácter nocivo de pesticidas, presentando casos probados de malformaciones en embriones de vertebrados.

Amanda Muñoz

http://ladiaria.com/articulo/2010/9/rodeados/