Entre gallos y medias noches, le dieron el Ok a Botnia en Chile
9 noviembre 2007

Ante la confirmación por parte del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, de que la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos quedó habilitada para comenzar a funcionar, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y RAPAL-Uruguay rechazan rotundamente esa decisión. Reiteran sus críticas a la profundización del modelo forestal y celulósico, que conducirá a la muerte del anhelado proyecto del "Uruguay Natural" y que atenta contra la Reforma Constitucional que prioriza el uso del agua para consumo humano.

En la jornada de este jueves en Chile se dio a conocer oficialmente la decisión de otorgar la habilitación a Botnia para poner en funcionamiento su planta en Fray Bentos, sobre la margen oriental del Río Uruguay. Botnia tiene plantadas unas 140 mil hectáreas de eucaliptos y planea producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa en lo que será un gigante emprendimiento celulósico para nuestro país pero no el único. Existen cinco proyectos más anunciados oficialmente (de las empresas ENCE de España, Stora Enso de Suecia-Finlandia, Portucel de Portugal, International Paper de Estados Unidos y Nippon Paper Industries de Japón). Otra compañía, la estadounidense Weyerhaeuser, con más de 140 mil hectáreas forestadas en nuestro país con pinos y eucaliptos, ha deslizado en varias oportunidades que no descarta la posibilidad de construir una planta de celulosa. Uruguay se convertirá así en el basurero de la producción de celulosa del mundo.

Más allá de las consecuencias medioambientales que el emprendimiento de Botnia pueda traer, lo que se pone en jaque es el proyecto de un modelo de desarrollo sustentable. Es que este modelo forestal celulósico conduce a la escasez de agua en las zonas con plantaciones de árboles, al deterioro del suelo, a una creciente latifundización y extranjerización de la tierra y al éxodo campo-ciudad de los pequeños productores rurales.

Los monocultivos consumen una gran cantidad de agua subterránea y reducen su caudal al extremo, como ha sido denunciado en Rocha, Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Paysandú, Lavalleja. En el caso más emblemático, los chacreros de Mercedes denuncian la escasez de agua en sus tierras desde 1995. Como consecuencia de ello, unas 150 familias deben ser asistidas por camiones surtidores de agua potable de la Intendencia de Soriano, los cuales no llegan a cubrir de todos modos las necesidades de los productores. A esto se suma la gran cantidad de agrotóxicos que se utilizan en las plantaciones y que contaminan el agua.

También se ha denunciado en varias oportunidades las paupérrimas condiciones laborales de los trabajadores forestales y la ilusión de crecimiento laboral que crean las empresas del sector, que en realidad emplean mucha menos mano de obra que otros sectores del agro.

El proyecto de Botnia lesiona asimismo la ciudadanía del pueblo uruguayo, que tendrá escasas posibilidades de que se tomen en cuenta sus demandas contra la empresa en caso de contaminación, por la vigencia del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de Uruguay y Finlandia, que beneficia a la compañía.

A poco más de una semana de realizados los comicios presidenciales en Argentina y a espaldas a la cumbre de presidentes, el gobierno uruguayo otorga la autorización a Botnia. Lo hace luego de una extensa agonía, pautada por un conflicto binacional sobre el cual se buscó centrar la atención, dividiendo los ánimos de las ciudadanías de uno y otro país con un tinte xenófobo que poco ha ayudado a discutir las cuestiones de fondo a las que arriba referimos. Desde la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos en Chile nuestro país sentenció de muerte al Uruguay Natural y al modelo productivo sustentable basado en la equidad social.